Bogotá.- La minera británica Anglo American presentó una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, debido a una prohibición que le impide a la compañía de carbón al Cerrejón desarrollar trabajos en el proyecto La Puente. (https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/31).
Esta demanda se conoce después de que los demás accionistas de Cerrejón, BHP y Glencore, presentaran demandas por separado por la misma razón el 27 de abril y el primero de junio, respectivamente.
Según se advierte, Cerrejón no ha podido trabajar en La Puente desde noviembre de 2017 luego de que por orden de los altos tribunales se suspendieran las operaciones debido a preocupaciones sobre el impacto de desviar un arroyo en el suministro de agua local.
En abril de 2019, Cerrejón fue notificado del fallo de la Corte Constitucional sobre la tutela presentada por comunidades indígenas ante la presunta afectación generada por la modificación parcial del cauce del arroyo Bruno. Este fallo ordenó dar continuidad a la Mesa Interinstitucional conformada en 2016, de la cual hacían parte 17 entidades nacionales y regionales para realizar un estudio técnico que diera respuesta a las incertidumbres expresadas por la Corte.
Según Cerrejón, la modificación del cauce del arroyo Bruno se encuentra prevista en el Plan de Manejo Ambiental desde el 2005 y su ingeniería de detalle fue aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, en 2014. Las obras, que iniciaron en 2016, consistieron en la modificación de 3,6 kilómetros del cauce del arroyo Bruno, desplazándolo 700 metros hacia el norte de su ubicación original.
Cerrejón planeaba desarrollar La Puente para compensar las disminuciones de producción esperadas en otros lugares. El tajo contiene 35 millones de toneladas de reservas probadas de carbón y se esperaba que permitiera a la compañía compensar las caídas de tres millones de toneladas/año en la producción de otros tajos entre 2015 y 2033, señala Argus Media.
Este “round” se da a pesar de que el Estado trató de mediar con tres accionistas de Cerrejón (en la que Glencore tiene acciones). Las compañías decidieron demandar a la Nación.
Hicimos varias mesas de trabajo para intentar evitar que hubiese una demanda y lamentablemente no lo logramos, dijo el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez.
El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones es una institución del Banco Mundial con sede en Washington, Ciadi, que dictó el 27 de agosto de 2019 el primer laudo de inversión en un caso colombiano.
La multinacional Glencore pretendía cobrar al Estado colombiano US$575 millones por daños y perjuicios y la devolución de los US$19,1 millones de dólares que Prodeco había pagado a Colombia en razón del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República (enero de 2016). Además, Glencore pedía al Tribunal ordenar a Colombia abstenerse de iniciar nuevos procedimientos en la Contraloría y desistir del procedimiento de nulidad del Otrosi Ocho.
La decisión ordenó la devolución de los US$19,1 millones más los intereses y rechazó todos los demás reclamos confirmando así la confianza en la integridad e institucionalidad de la Contraloría y de los jueces colombianos.
La efectividad de la estrategia de defensa jurídica del Estado redujo en un 97% las pretensiones económicas reclamadas por Glencore. La defensa estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la firma Dechert LLP.
La demanda interpuesta hace tres años por Glencore, con fundamento en el Acuerdo Bilateral de Protección y Promoción de la Inversión Extranjera en vigor con Suiza (Appri) y bajo las reglas del Ciadi, se originó por dos situaciones:
– Por la solicitud de nulidad de Ingeominas (hoy Agencia Nacional de Minería), al Otrosí 8 del Contrato de Concesión, el cual modificaba injustificadamente a favor de Prodeco el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón en la mina Calenturitas, Cesar.
– Por el fallo de responsabilidad fiscal de $63 mil millones (US$19,1 millones) que la Contraloría General de la República le impuso a Prodeco por el presunto detrimento patrimonial causado al Estado tras la negociación y suscripción de ese Otrosí.
Para el Tribunal Arbitral la medida adoptada por la Contraloría se realizó con estricto apego a la ley y al debido proceso. Sin embargo, cuestionó el cálculo realizado por el ente de control para determinar el detrimento al patrimonio público y ordenó la devolución del monto pagado por este concepto.