Tuluá.- El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, InfiTuluá E.I.C.E., lanzó una oferta que fue autorizada por el Concejo del municipio vallecaucano de Tuluá por la venta correspondiente al 62,7% en la Terminal de Transportes de Popayán S.A. por $12 mil millones.
La razón de la venta de las 14 millones de acciones ordinarias es que se calificó como “no estratégico” porque primero, “no es un activo que haga parte de una industria o de servicios de orden municipal” y segundo, “porque no es una inversión que en términos financieros ofrezca una rentabilidad mínima para las finanzas del municipio”.
El producto de la venta de las acciones será destinado a obtener recursos nuevos para fortalecer la estructura financiera del Instituto que le permitan a InfiTuluá ELC.E, ejecutar las líneas de inversión aprobadas en su plan estratégico 2020-2023, orientadas a la reactivación de la economía local y en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal en especial Sector Vivienda; entre otros.
“El proceso para la enajenación de las acciones autorizado mediante el acuerdo que adelante InfiTuluá E.IC.E. se realizará conforme a estudios técnicos especializados, previo al diseño y reglamentación del programa de enajenación”, indica el acuerdo aprobado por el Concejo.
Actualmente, eI Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá es propietario de 14.731.914 de acciones de la sociedad terminal de Transportes de Popayán S.A con una participación accionaria del 62.79%. Ahora bien, el ingreso que podría ocasionarle al Instituto la venta de estas acciones asciende aproximadamente a la suma de $12,9 millones.
El pasado nueve de noviembre fue presentado para estudio y aprobación del Concejo en dos debates el acuerdo en el que se autoriza al alcalde municipal para que a través del InfiTuluá se realice dicha enajenación de la participación accionaria en la sociedad Terminal de Transportes de Popayán. Posteriormente, el 12 de noviembre el año pasado, desde el Concejo Municipal de Tuluá se aprobó la solicitud de enajenación ya que se encontraba “ajustado a los requisitos constitucionales y legales”, sancionándose así, sin ninguna objeción.