Bogotá. – La Superintendencia Financiera de Colombia – SFC – ordenó a Karina Paola Púa González suspender de manera inmediata las operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
La Superintendencia Financiera asegura que Púa González, asumió pasivos al recibir aportes de al menos 28 personas bajo la figura de un supuesto “fondo de inversión”, sin prever a cambio la entrega real de un bien o servicio y prometiendo el pago de rentabilidades fijas sin una justificación financiera razonable.
La medida, adoptada mediante la Resolución No. 210 del 11 de febrero de 2022, también ordena la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente e impide la realización de operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
Adicionalmente, la señora Karina Paola Púa deberá retirar de todos los medios de comunicación empleados, de manera directa o a través de otras personas, incluidos los perfiles públicos o privados en las redes sociales, cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público en general y a sus clientes, que se encuentra autorizada para administrar fondos de inversión.
Karina Púa publicita el supuesto “fondo de inversión” a través de la red social de Instagram, donde aparece con el nombre de usuario de “KARINA PUA” y cuenta con cerca 45.500 seguidores. Según la información de su cuenta, el “fondo de inversiones” promete rentabilidades en criptomonedas. Karina Púa al parecer capta el dinero de las personas prometiendo rentabilidades siempre y cuando la inversión sea con ella, a nombre de su hermana, Jennifer Elena Púa Gonzáles.
Púa Gonzáles También fue denunciada públicamente a raves de redes sociales, en donde los usuarios mencionan que la “influencer” aprovecha el número de seguidores de su cuenta de Instagram, donde cuenta con cerca de 45.500, publicitando supuesto “fondo de inversión” que promete rentabilidades en criptomonedas. Adicionalmente, usuarios afirman que los ahorros captados de las personas para invertir en el supuesto fondo, se hacen a nombre de su hermana Jennifer Elena Púa González, quien aparece como titular en la cuenta de Bancolombia, donde usuarios, consignan su dinero.
La Superintendencia Financiera estableció que Púa González recibió dinero para un supuesto “fondo de inversión” sin contar con las autorizaciones correspondientes del regulador, captando así $135.160.000 provenientes de por lo menos 28 personas, sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio.
La influencer que es sujeto de la medida, ofrecía a través de su perfil público en redes sociales el pago de rentabilidades entre el 5% y el 10% mensual según lo pactado con cada “aportante”, sin que se haya evidenciado la realización de una actividad económica que justifique de una manera financiera razonable el pago de las mismas.
La oferta para la vinculación al supuesto “fondo de inversión” se realizó mediante contenidos en perfiles públicos en redes sociales, los cuales a su vez se comparten por “influenciadores” en las respectivas plataformas sociales, lo que permitió que la señora Púa González asumiera pasivos con por lo menos 28 personas que aportaron al supuesto “fondo de inversión”.
Con respecto a la administración de fondos de inversión es importante precisar que en Colombia esta actividad es propia del mercado de valores, por lo que sólo puede ser desarrollada por entidades constituidas en el territorio nacional y estar bajo la supervisión del Estado.
Es así como los fondos de inversión colectiva únicamente pueden ser administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores, por las sociedades fiduciarias y por las sociedades administradoras de inversión, previo cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para obtener autorización de constitución y funcionamiento. La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.