Bogotá.- El nombre de Emilio Tapia, abogado y contratista, aparece de tiempo en tiempo ligado a escándalos de corrupción. Fue condenado a 17 años de cárcel por el llamado carrusel de la contratación de Bogotá pero logró una rebaja sustancial de la pena por colaboración con la justicia tras aceptar su responsabilidad en los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos; y además delatar la participación de otros contratistas y funcionarios incluyendo al alcalde de la capital Samuel Moreno Rojas y a su hermano Iván.
Emilio Tapia salió de la cárcel, con libertad condicional, en diciembre de 2018 pero fue recapturado en septiembre del año pasado tras estallar el escándalo de Centros Poblados, revelado por Primera Página desde diciembre de 2020.
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Una Unión Temporal, de la que hacían parte empresas ligadas a Emilio Tapia, había ganado una licitación por más de un billón de pesos para interconectar escuelas rurales y que esa unión temporal había recibido un anticipo de 70.000 millones de pesos a pesar de que las garantías del contrato eran falsas.
Tapia no aparecía en ningún documento de la licitación pero era el hombre detrás de la operación.
Hace apenas unas semanas, el nombre de Emilio Tapia volvió a sonar. Esta vez relacionado en las contrataciones cuestionadas de las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Específicamente por su vinculación con dos contratos para una planta de tratamiento de aguas en Puerto Mallarino, también licitadas con garantías falsas. Los contratos suman más de 6.000 millones de pesos.
Desde la cárcel El Bosque, en Barranquilla, el señor Tapia emitió un comunicado ayer en la tarde advirtiendo que esos hechos “fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contratos entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados”. Es decir que él se presenta como denunciante de las irregularidades en Cali.
Mientras los medios comentaban el comunicado de Tapia, otro documento de su autoría estaba llegando a la Fiscalía General de la Nación.
A las 2:25 de la tarde de ayer fue radicada una denuncia de Emilio Tapia en la Fiscalía General de la Nación.
Emilio Tapia denuncia ante la Fiscalía a la exministra de las TIC Karen Abudinen.
En 9 folios conocidos por El Reporte Coronell, Tapia denuncia penalmente a la exministra Karen Abudinen como presunta autora de los delitos de:
Interés indebido en la celebración de contratos
Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales
Falsedad en documento público
Fraude procesal
Y peculado por apropiación
De acuerdo con la denuncia de Emilio Tapia, la entonces ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones habría incurrido en esos delitos cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esas garantías sin cumplir, según él, con la obligación de revisarlas.
Para tener claro el contexto del asunto, el Ministerio de las TIC se vino a dar cuenta de que las garantías eran falsas cuando los contratistas incumplieron compromisos de la primera fase. Por eso los citaron a una audiencia de descargos junto con los funcionarios del Banco Itaú Corpobanca, que presuntamente avalaba el contrato. Cuando empezó esa reunión virtual, los representantes del Banco dijeron que no sabían porque estaba ahí ya que Itaú no había emitido ninguna garantía sobre el billonario contrato. Es decir, en ese momento se percataron de que las garantías eran falsas.
Los avales chimbos traían información de contacto con el banco igualmente falsa. La salvación fue que ante la falta de respuesta a alguien se le ocurrió citar a Itaú a su correo de oficial de notificaciones judiciales y fue entonces cuando se cayó la torre de naipes.
Aquí empiezan las discrepancias porque Emilio Tapia sostiene que la Unión Temporal obró de buena fe engañada por un corredor de seguros y avales. También dice que pidieron la oportunidad de remplazar las pólizas que, según él, “se cotizaron y estaban preaprobadas” pero que la ministra desató pánico en redes sociales lo que impidió que las compañías aseguradoras expidieran las garantías sobre un contrato ya emproblemado.
Tapia afirma que por las decisiones de la ministra Abudinen, la Unión Temporal no pudo ceder el contrato a dos interesados internacionales que lo podían haber cumplido en su totalidad y sin que se perdieran dineros públicos como efectivamente se perdieron. Y dice que la entonces ministra declaró ilegalmente la caducidad del contrato.
La exministra y algunos de sus abogados, a quienes consulté ayer, sostienen que la falta de garantías hacía inejecutable el contrato. Y que un contrato que no se puede ejecutar tampoco se pude ceder legalmente. Aseguran que la única alternativa jurídica era declararle la caducidad como lo hizo la ministra Karen Abudinen.
Además sostienen que lo de la buena fe de Centros Poblados en el tema de las garantías bancarias es discutible porque existe un chat entre Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal y Emilio Tapia, en el que aparentemente manifiestan que sabían que las garantías tenían problemas:
En el chat el representante legal dice: “Señores, mañana es la audiencia de incumplimiento donde por supuesto va el banco. Si este retirara la garantía sería una caducidad inminente. Estoy atento para vernos”.
El chat es respondido por Emilio Tapia, en estos términos: “Yo estoy listo. Yo estoy en Miami aún por un tema”.
Informan así mismo que el anticipo se estaba gastando en la compra de bienes suntuosos incluyendo un apartamento en Miami.
La justicia será ahora quien determine quién tiene la razón.
Los delitos que le endilga Tapia a la exministra Karen Abudinen tienen previstas penas de 6 a 15 años de cárcel.
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