Nueva York/Bogotá.- En las últimas horas, la jueza 40 Penal en Función de Conocimiento del Circuito de Bogotá negó la petición de la ex ministra TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, de ser reconocida como víctima del entramado de corrupción que involucra a la Unión Temporal Centros Poblados y la desaparición de $70 mil millones.
Es la segunda ocasión en que la justicia colombiana rechaza solicitud similar de la ex funcionaria quien una vez quedó por fuera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), reapareció en diciembre del año pasado haciendo la entrega de regalos de Navidad en Barranquilla de la Fundación Tecnoglass.
Karen Abudinen es prima de los hermanos Christian y José Manuel, alias “Yuyo” Daes Abuchaibe, propietarios de Tecnoglass, y de Giselle Daes Abuchaibe, la esposa de William Amín Escaff, ex alto ejecutivo de Tecnoglass.
Su hermana Joussette Abudinen es secretaria de Servicios Administrativos de la Gobernación del Atlántico. Antes trabajó en Tecnoglass S.A. como profesional de Contraloría (pagos de nómina y proveedores) y directora administrativa y de Gestión Humana de Alutrafic Led S.A.S., también ligada a los integrantes del Cártel del Suero, los hermanos Daes.
La acción de Tecnoglass Inc. (Nyse: Tgls) cayó en la jornada del jueves dos dólares con 61 centavos en Wall Street, un 8,16por ciento, mientras su capitalización de mercado se derrumba a 1.401 millones de dólares.
El abogado de la exministra apeló y ahora el asunto lo debe definir el Tribunal de Bogotá. La decisión de no aceptar su papel de víctima ocurrió en medio de una audiencia del proceso en contra de Juan José Laverde, de la empresa Rave Agencia de Seguros, acusado de falsificar la póliza del contrato y quien esperaba se le impartiera legalidad a un preacuerdo firmado con la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra tres de los involucrados en el entramado de corrupción detectado para quedarse con los recursos del contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar el servicio de internet a escuelas rurales del país.
Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; y el representante de Rave agencia de seguros, Juan José Laverde, son acusados como responsables de los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
De acuerdo con el material de prueba, participaron en la constitución ilegal de la Unión Temporal Centros Poblados y en la presentación de pólizas falsas para que les fuera entregado el millonario contrato. Además, hicieron incurrir en error a los funcionarios de MinTIC y destinaron parte del anticipo para cubrir actividades que no correspondían al objeto contractual.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que, de los 70.000 millones de pesos, algunos dineros habrían sido entregados a los representantes de las empresas que prestaron sus nombres y experiencia para constituir la Unión Temporal Centros Poblados, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales.
Ir a inicio