Bogotá.- La Superintendencia de Sociedades decidió aceptar la solicitud de admisión al proceso de Reorganización Empresarial de la Corporación Finanzas de América Corfiamérica S.A.S. al concluir que cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue reformada por la Ley 1429 de 2010.
Dedicada a la construcción, interventoría y consultoría, de toda clase de edificaciones, obras civiles eléctricas y comercialización de bienes inmuebles, comunicó que no podrá atender de manera
normal sus deudas, a causa de presentar obligaciones vencidas mayor a 90 días, por valor de $67.846,2 millones.
Al 30 de septiembre de 2022, la sociedad revela activos por valor de $62.133.345.000. En el rubro denominado “Inversiones” Derechos Fiduciarios y un proyecto $47.037.022.558, y bienes inmuebles reconocidos en la partida inventarios por valor $13.349.698.020.
CAPTADORA PIRATA EN 2010
El 29 de junio de 2010 la Superintendencia Financiera de Colombia decidió ordenarle que suspendiera la actividad de captación o recaudo no autorizado de recursos del público: había celebrado al 31 de diciembre de 2009 «contratos de cuentas en participación para inversiones en el fideicomiso Corfiamérica», con más de veinte (20) clientes, de los cuales recaudó recursos $18.186,7 millones.
Luego la Superintendencia de Sociedades la intervino pues la situación persistía al primero de junio de 2010, en la medida en que para dicha fecha se encontraban vigentes 256 «Contratos de cuentas en participación para inversión en el fideicomiso Corfiamérica” cuyo saldo correspondía a $11.744,3 millones.
Cuando el pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona y que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios, se configura la captación ilegal de ahorro.
Tuvo que someterse a un proceso de devolución voluntaria o desmonte de la captación, el que completó en diciembre de 2011, por lo que en febrero de 2012 la Superintendencia de Sociedades dio por terminado el proceso de intervención.
En ese momento las medidas administrativas tuvieron alcance frente a la Sociedad Corfiamérica S.A. pero únicamente respecto de los recursos del público recaudados sin autorización, no afectando, por ende, su operación empresarial lícita, como la comercialización del proyecto denominado parque industrial «Tubará Parque Industrial-PIT» que se encuentra ubicado en el Municipio de Tubará, departamento del Atlántico, así como la comercialización de los proyectos urbanísticos «Condominio Aposentos La Calera» y «Las Begonias Condominio Campestre».
UN ÚNICO DUEÑO
La situación de control de la sociedad y de sus allegadas es del ingeniero Nairon Yecid Barrios Ortiz, dueño del 100% de las acciones. En 2016 la Agencia Nacional de Minería le declaró la caducidad al Contrato de Concesión No. GK1-151, sobre unas minas de esmeraldas en Otanche, Boyacá.
Barrios Ortiz es el controlante de la Constructora Corfiamárica S.A.S desde el 28 de octubre de 2008, de la Corporación Finanzas de America Corfiamérica S.A.S desde el nueve de enero de 2008 y de la Promotora Corfiamérica S.A.S desde el cuatro de febrero de 2017.
ACCIONISTA CORPORACIÓN FINANZAS DE AMERICA CORFIAMÉRICA:
Al preparar los estados financieros al cierre de septiembre del año pasado, la Corporación Finanzas de América Corfiamerica S.A.S. concluyó que tiene la capacidad de continuar como negocio en funcionamiento, pero si se le admite al proceso de reorganización en los términos previstos en la Ley 1116 de 2006.
La sociedad tiene pendiente pago de obligaciones por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales que propone pagar dentro de los dos meses siguientes a la fecha de admisión al proceso de Reorganización.
También propone pagar estas deudas parafiscales antes de dos meses, en todo caso, previo a la confirmación del acuerdo de acreedores por parte de la Superfinanciera”.
La Superintendencia de Sociedades designó como promotor de la reorganización a Rubén Darío Gallego Hurtado,
Y además ordenó a la deudora abstenerse de realizar, sin autorización del regulador enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias ni, en general, adelantar operaciones societarias o contractuales que supongan erogaciones reales o potenciales a cargo de la sociedad, salvo por las excepciones contenidas en el Decreto 560 de 2020 y el Decreto 772 de 2020, según resulte aplicable.
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