Bogotá.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Colombia la decisión de rechazar el caso relacionado con el denominado “escándalo de Foncolpuertos” (Colpuertos), por el que el extrabajador del Puerto de Barranquilla Víctor Manuel Rodríguez Mejía, buscaba que le subieran su mesada pensional.
La Cidh encontró que la reducción de la mesada pensional del jubilado por la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) por parte de las autoridades judiciales y la orden de reintegrar sumas de dinero al Estado no vulneró los derechos del extrabajador.
En su lugar, la Comisión Interamericana respaldó esta decisión definitiva de las autoridades judiciales colombianas y encontró que “no se trata de una medida de regresividad del derecho a la seguridad social, sino de la corrección de una mesada pensional otorgada irregularmente”.
Rodríguez Mejía ha impetrado múltiples demandas con contra del liquidado Colpuertos y de diversas entidades y autoridades estatales: en 2003 demandó por concepto de perjuicios subjetivos a la Nación colombiana (el Ministerio De Justicia y del Derecho – Rama Jurisdiccional – y a la Fiscalía General de la Nación) para que le pagaran más de $96.428.592.oo.
Entonces reclamaba la indemnización de los perjuicios sufridos porque se declaró la prescripción de la acción por delitos contra el patrimonio económico, en la investigación penal adelantada en contra de su abogada Nira Esther Fábregas Maza, quien en un abuso de confianza, a pesar de habérsele revocado el poder, cobró indebidamente la acreencia laboral que le pagó Foncolpuertos al extrabajador.
Finalmente Rodríguez Mejía y la abogada conciliaron. El pensionado cobraba los $21 millones con que se quedó la jurista más intereses y ella acordó reconocer $19.500.000.oo y solicitó un mes de plazo para cancelarle dicha suma, a lo cual accedió el querellante. Eso fue en 1997.
El 30 de septiembre de 2003 la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Atlántico revocó parcialmente la providencia y declaró la prescripción de la acción penal también para los delitos de abuso de confianza y abuso de circunstancia de inferioridad y, como consecuencia, declaró la preclusión de la investigación por esos delitos. De ahí la insatisfacción del jubilado.
La Fiscalía General de la Nación Unidad Investigativa Especial de Foncolpuertos de Bogotá abrió investigación penal en su contra, se le escuchó en indagatoria en octubre de 2000 y el primero de noviembre del 2000 dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva y se decretó el embargo y secuestro de su vivienda familiar, circunstancia que según Rodríguez Mejía le ocasionó serios perjuicios no solamente de orden económico sino de carácter moral y familiar.
LA INFAMIA DEL ESCÁNDALO FONCOLPUERTOS
El denominado escándalo de Foncolpuertos ha sido catalogado como uno de los más grandes casos de corrupción del país. En 1991 ante las anomalías presentadas en el manejo de los puertos y las constantes pérdidas que arrojaba dicha compañía, se expidió la Ley de Puertos, que privatizó su administración y ordenó la liquidación de Colpuertos.
Luis Hernando Rodríguez, gerente liquidador de Foncolpuertos, pensionado por el Congreso, casado con Martha Catalina Daniels (asesinada por las Farc). Condenado a 13 años y cinco meses de prisión.
Seguidamente, se creó el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (en adelante “Foncolpuertos”) como establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio de Transportes, y encargado de administrar el pago de distintos derechos a los extrabajadores de Colpuertos.
La liquidación de la Empresa Puertos de Colombia le generó a Foncolpuertos todo tipo de reclamaciones de los ex trabajadores. El manejo de esas reclamaciones fue contaminado con innumerables hechos de corrupción a través de conciliaciones falsas y/o adulteradas, liquidaciones y pagos sin soporte legal, en los cuales participaron funcionarios públicos.
Abogados de los extrabajadores y otras autoridades judiciales, aprovechando el caos de los archivos, iniciaron una serie de acciones administrativas y judiciales, sin sustento legal, encaminadas a defraudar en millonarias sumas de dinero los intereses del Estado colombiano, a través de la reclamación de reliquidaciones prestacionales y de cesantías definitivas.
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