Por Juan Munévar – Bogotá. – La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios está esperando un concepto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para poder dar inició a la toma de posesión e intervención de Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. (Gecelca), Gestión Energética S.A. (Gensa), y la Empresa Urrá S.A. (Urrá), para poder venderle energía más barata a Air-e, la comercializadora intervenbida al empresario Alberto Ríos Velilla.
Primera Página pudo conocer documentos para la toma de posesión de la SuperServicios, que están a la espera de una respuesta de la Creg, para dar inicio a la toma de posesión en las tres generadoras, en donde el Gobierno tiene participación a través del Ministerio de Hacienda en un 99,9% en Gecelca, en un 90,9% en Gensa, y en un 99,9% en Urrá.
En el caso de Gecelca la intervención se sustenta en líos financieros con pérdidas en la actividad de generación para el 2022 cercanas a los $22 mil millones y para el 2023 de $392.767 millones. Según el alcance de toma de posesión de la SuperServicios “esta actividad no está generando ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos y gastos administrativos”.
En el caso de Gensa, la intervención se basa en el principio de solidaridad al negarse a vender energía a Air-e. En la recomendación de la SuperServicios se dice que “la Gestión Energética S.A ESP (Gensa) no ha manifestado razones técnicas, legales o económicas de consideración por parte de sus administradores de querer colaborar para evitar que los usuarios de la región Caribe del Atlántico, Magdalena, y La Guajira tengan graves problemas derivados de la imposibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica por parte de la empresa Air-e- intervenida”.
Dice además el documento conocido por Primera Página que Gensa se ha “rehusado a dar información veraz, completa y oportunidad a la SuperServicios teniendo en cuenta que no tenemos conocimiento de respuestas de fondo a lo comentado”.
Y en Urrá S.A., la toma de posesión se haría por temas preventivos luego de que se le descubrieran contratos con irregularidad para la venta de energía con más de diez comercializadoras por al menos $1.4 billones, y por no ser “solidaria” con la venta de electricidad para la intervenida Air-e.
Estos documentos fueron avalados por el nuevo superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana, quien llegó en reemplazo de Dagoberto Quiroga.
Fuentes de Primera Página, cercanas al asunto y que pidieron no ser citadas, dijeron que la intención del Gobierno sería hacer estas intervenciones con el fin de dar energía más barata a la empresa Air-e, del Ríos Velilla, ya que no le han querido renegociar contratos y su exposición en bolsa, que supera el 51%, la llevaría a un apagón en la prestación del servicio en noviembre de este año.
Air-e al estar expuesta en la bolsa de energía, tiene que salir a comprar la electricidad por kilovatio hora cercano a los $2.500. Esto ha incrementado sus líos financieros aumentando el riesgo de que no pueda seguir prestando el servicio público a más de 1,3 millones de usuarios en La Guajira, Atlántico y Magdalena.
RÍOS VELILLA, AL FILO DE UNA NUEVA QUIEBRA
El empresario Alberto Ríos Velilla, esposo de la periodista de La FM, Darcy Quinn, ya quebró en el pasado.
En 2010 EnerTolima Inversiones S.A., Eninsa, sociedad que tenía con los quebrados primos Nule y con el municipio de Pereira crearon el Fondo de Capital Privado Private Equity 2 Años, administrado por Proyectar.
Al entonces llamado «Zar de las Basuras», Alberto Ríos, le tocó darse “una pela” en 17 mil millones de pesos: sacar de su bolsillo y pagar por el dinero puesto como inversión por el Fondo de Capital Privado en sus empresas y las de los Nule. Y también cuando estalló el escándalo de la hermana siniestra de Interbolsa, la comisionista de bolsa Proyectar.
Alberto Ríos y su esposa, Darcy Quinn
Ahora está en camino de quebrar nuevamente con la segunda comercializadora de energía del Caribe, Air-e, que según su propio abogado, Jaime Lombana, no puede con la deuda del sector público que supera $1,8 billones, y ha generado pérdidas a los inversionistas por más de $450 mil millones. De hecho, solicitó al Gobierno la intervención.
Velilla y su abogado Lombana solicitaron la intervención y toma de posesión del servicio de energía del Gobierno, para poder seguir prestando el servicios en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, ante la crisis financiera en la que se encuentra.
RÍOS VELILLA Y SU HISTORIA CON EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Alberto Ríos Velilla, nacido en Medellín, ha hecho carrera con empresas de servicios públicos. Es dueño de las compañías de basuras Servigenerales y Aseo Capital, aunque vendió sus acciones en 2012 y luego las recompró en 2014, y de parte de las empresas de energía Enerpereira y Enertolima.
En esta última fue socio de una empresa controlada por los primos Nule, quienes luego fueron condenados penalmente por delitos cometidos en otros negocios. Servigenerales además es socia de Empresas Públicas de Armenia (EPA), en la empresa Aquaseo, que es el operador del acueducto de Magangué y Tumaco.
Estuvo en la operación del aseo en una parte de Bogotá con la empresa aseo Capital hasta comienzos de 2018, cuando la Alcaldía de Enrique Peñalosa adjudicó una nueva licitación para la prestación del servicio en la que la firma de Alberto Ríos no ganó.
Y también esa empresa fue una de las propietarias del Cupic, la firma que en la Alcaldía de Gustavo Petro, ahora presidente de Colombia, hizo la facturación del aseo.
Alberto Ríos Velilla es el hermano de los empresarios Javier, Carlos y Rubén Ríos Velilla, quienes lideran la empresa inversiones Alsacia, dueña de uno de los operadores de Transantiago, el sistema de transporte masivo de Santiago de Chile, aunque también quebró.
La familia Ríos Velilla también fue socia en Transmilenio y en el Sitp. Su abogado de toda la vida es Jaime Lobabana, con quien compartió casas cerca de Cartagena.
En 2020, su empresa Enerpereira y el Fondo de Inversión Latin American Capital, crearon una filial que ahora se llama Air-e, en donde se quedaron con la prestación del servicio de energía en Magdalena, La Guajira y Atlántico, como reemplazo de la liquidada Electricaribe.
Desde que se liquidó Electricaribe y se les encargó a las empresas Air-e y Afinia la distribución de la energía en el caribe colombiano, se fijó una regulación para esa región del país que obligó a esos operadores de red a hacer inversiones para mejorar el servicio y, de esa, forma disminuir las pérdidas, según una investigación que reveló la Revista Cambio.
SE REPITE HISTORIA DE ELECTRICARIBE
Se recuerda, que Electricaribe se creó a partir de la fusión de las ocho electrificadoras públicas existentes en los siete departamentos de la Región Caribe, y estaba encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y La Guajira.
Hay que decir, que las cuentas por cobrar que dejó Electricaribe, según la Resolución 0594 del 17 de marzo de 2021, por medio de la cual se liquidó, fue por $2,7 billones.
El pasivo de Electricaribe, asociado al fondo empresarial, de la SuperServicios, estableció que el total de las obligaciones en las cuales el fondo había incurrido con corte al 14 de febrero de 2020, era de $2,2 billones.
Luego, se adjudicaron los contratos a dos nuevos operadores del sistema, Air-e y Afinia, filial de EPM,. De hecho, se estableció un monto mínimo de inversiones de $3,2 billones para Afinia y $2,6 billones para Air-e.
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