Bogotá. — La crisis de la nube pública calienta motores para materializarse desde junio próximo y se advierte de un inminente freno digital en las entidades del Estado colombiano.
Desde 2011, Colombia ha sido reconocida a nivel regional e internacional por su modelo de contratación pública digital, caracterizado por la optimización de recursos, eficiencia, planeación técnica y transparencia.
Un pilar de ese sistema han sido los acuerdos marco de precios (AMP), desarrollados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), que permiten a las entidades estatales adquirir bienes y servicios en condiciones favorables gracias a la agregación de demanda.
Uno de los más emblemáticos ha sido el AMP de nube pública, un instrumento esencial que permite el acceso de las entidades del Estado a servicios de nube pública (almacenamiento, infraestructura, soporte, capacitación) de forma estandarizada y competitiva, a través de grandes proveedores globales como Amazon, Google, Microsoft y Oracle.
El 16 de septiembre de 2014 fue adjudicado el primer acuerdo marco de precios (AMP) para servicios de conectividad y centro de datos/nube privada. A partir de ese momento, las entidades nacionales están obligadas a implementar dicho mecanismo en sus compras de tecnología.
Este mecanismo no solo ha garantizado eficiencia y pluralidad, sino que ha sido clave para sostener la operación digital de entidades como el Sena, el Ministerio de Salud, la Rama Judicial, el Ministerio de Defensa, entre otras.
A corte del 31 de diciembre de 2024, el AMP de Nube Pública IV acumulaba:195 entidades compradoras (Nacionales y territoriales); 689 órdenes de compra; $925.867 millones COP transados.
En agosto de 2024, la propia CCE anunció que este acuerdo se extendería por 12 meses, con el objetivo de abrir un espacio para trabajar en mesas técnicas y construir con tiempo y calidad la nueva versión del AMP.
No obstante, el 23 de septiembre, la agencia revirtió esa decisión sin explicación clara y redujo la prórroga a solo cuatro meses, lo cual ha sido considerado por la industria como un tiempo insuficiente para discutir, evaluar y estructurar técnicamente un nuevo acuerdo marco. Posteriormente, se hicieron prórrogas cortas sucesivas, hasta fijar la más reciente para el nueve de junio de 2025. Hasta el 12 de marzo se realizó la primera mesa técnica.
El problema de fondo no es solo técnico o contractual: el Estado colombiano depende de la nube para garantizar el funcionamiento de sus servicios esenciales. Sin un acuerdo marco debidamente estructurado, existe el riesgo real de: Afectar la prestación de servicios esenciales; desconectar plataformas institucionales; continuidad operativa de entidades públicas; protección de datos sensibles; exponer al Estado a fallas de ciberseguridad y sobrecostos.
Durante la última década, el país se ha destacado por implementar mecanismos de agregación de demanda innovadores que han sido replicados en toda la región. Sin embargo, la actual administración de Colombia Compra Eficiente amenaza con frenar este avance al gestionar de manera improvisada la renovación del acuerdo de nube pública, vital para la transformación digital del Estado; esto es sin duda paradójico puesto que el propio Banco Interamericano de Desarrollo, resaltó expresamente el modelo colombiano desde junio de 2020 en el reporte titulado “Contratación pública de servicios de computación en la nube: Mejores prácticas para su implementación en América Latina y el Caribe”.
Según gremios, la decisión de extender el actual acuerdo por solo tres meses resulta alarmantemente corta cuando la experiencia demuestra que un proceso de renovación serio y estructurado requiere mínimo seis meses de trabajo técnico detallado.
Diversos líderes gremiales han alertado sobre el inminente «freno digital» que esta improvisación podría causar en razón a la afectación operativa de sus actividades misionales y proyectos de inversión que tendrán las entidades públicas de todos los órdenes y niveles al no contar desde el mes de junio con un mecanismo de compra que garantice la continuidad de los servicios al ciudadano y la garantía de derechos.
Riesgos operativos:
• El último informe de supervisión revela transacciones por más de $925.000 millones en servicios cloud, demostrando la criticidad de estos servicios para la modernización del Estado. La improvisación actual amenaza con revertir años de avance en transformación digital con operadores que han tenido ya más de 10 años de experiencia.
• El impacto potencial es devastador para entidades clave del Estado y para las más de 190 entidades que han utilizado este acuerdo marco. Entre ellas:
• SENA: Con inversiones superiores a $108.000 millones en servicios cloud, se traduce en cerca de 8.000 formaciones técnicas y tecnológicas virtuales activas con más de 1,2 millones de colombianos cada año
• Rama Judicial: La administración de justicia, que ha invertido más de $84.000 millones en digitalización, enfrenta serios riesgos de continuidad operativa en sus más de 50.000 audiencias digitales.
• Ministerio de Salud: Los sistemas de información sanitaria ($67.000 millones en inversiones) podrían verse comprometidos en un momento crítico post-pandemia. El posible freno involucra plataformas cómo Sismuestras y el sistema de vigilancia epidemiológica, esenciales para alertas en tiempo real.
• Ministerio de Defensa: La seguridad nacional está en juego con más de $60.000 millones en infraestructura tecnológica en riesgo.
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Permite la colaboración social, atención a usuarios y la administración de la institución.
• Colombia Compra Eficiente: Irónicamente, la propia plataforma de contratación pública ($43.000 millones) podría verse afectada. El Secop II depende de la nube donde se transan más de 300.000 contratos al año por un valor de 60 billones de pesos.
El sector digital en pleno le está rogando al Gobierno para que haga una prórroga de al menos 6 meses, se sienten en mesas técnicas y escuchen los argumentos técnicos de expertos nacionales e internacionales. Esa sería la única forma de evitar una crisis de los servicios digitales de Colombia.
Hoy se realiza una reunión de Colombia Compra Eficiente con gremios como la Andi, Fedesoft, CCIT, entre otros, para discutir posibles salidas a esta crisis que hasta ahora ha pasado desapercibida.
Fuente: Asociación Sindical de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente- Sincopu.