Por Héctor Mario Rodríguez
Miami (Florida).- Es un lujoso condominio listo para un diseñador – un lienzo en blanco dicen los expertos inmobiliarios -ubicado en el prestigioso Palazzo del Sol en Fisher Island. Tiene 9.826 pies cuadrados (casi mil metros cuadrados) con siete habitaciones, dos baños completos y dos medios baños.
Dispone de 166 metros cuadrados de terrazas envolventes con impresionantes vistas a la punta sur de Miami Beach. Hay que recordar que a la isla sólo se puede acceder en ferry o en helicóptero. Cuenta con ascensor privado con acceso exclusivo, incluye servicios de conserjería, valet y seguridad las 24 horas, los siete días de la semana, supermercado, colegio campo de golf de nueve hoyos y piscinas.
Los tipos de habitaciones son con sala de estar, la calefacción es central, eléctrica, incluye aire acondicionado central, eléctrico, y tiene lavavajillas, triturador de basura, secadora, microondas, cocina eléctrica, refrigerador, horno y lavadora.
Hace dos años valía 34 millones de dólares y en julio de 2024 estaba listado en 30 millones de dólares. Este martes 15 de abril sale a subasta por un precio base de 19 millones de dólares pero aparece en ofertas de agentes en 22 millones 750 mil dólares.
Antonio Caballero, el nuevo propietario.
Su propietario hasta hace dos años: Raúl Antonio Gorrín Belisario (Gorrín) acusado por Estados Unidos de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela para realizar operaciones ilícitas con divisas en Venezuela.
Además del condominio de Fisher Island y de otro en la Torre Porsche Design, de unos 14 millones de dólares, pasaron a una sociedad limitada (LLC) del colombiano Antonio Caballero, según ordenó la Corte Distrital de Utah, Estados Unidos, ante una demanda de Caballero cobijándose por la Ley Antiterrorista («ATA»), 18 U.S.C. § 2333(a)-(e).
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York también ordenó descongelar (por parte de la Ofac del Tesoro de E.U.) una cuenta de Gorrín en el JPMorgan abierta el 16 de febrero de 2017 con un monto original de 6.700.833 dólares.
La vista desde el apartamento de Gorrín en Fisher Island.
EL FALLO DE US$190 MILLONES CONTRA LAS FARC Y EL ELN
Antonio Caballero interpuso varias demandas, una de ellas en contra de los movimientos guerrilleros y narcos colombianos, las Farc y el ELN, por el secuestro de su padre, el exsenador liberal y exembajador ante la ONU, Carlos Caballero Cormane, en Pivijay, Magdalena, el 12 de febrero de 1999, y quien fue asesinado tras 184 días de cautiverio.
Antonio Caballero con sus abogados y la foto de sus padres.
Un tribunal estatal de Florida falló en primera instancia que los movimientos subversivos son narcotraficantes colombianos que secuestraron, torturaron y asesinaron a Caballero para facilitar el tráfico y la distribución de drogas ilícitas, y en la sentencia ordenó pagar más de 190 millones de dólares.
El tribunal federal de Distrito registró la sentencia de Florida, pero denegó cualquier otra reparación porque Caballero no estableció jurisdicción personal sobre los demandados. En consecuencia, no pudo utilizar los procedimientos de cobro del tribunal federal de distrito.
Posteriormente, Antonio Caballero presentó una moción para modificar o enmendar la sentencia, la cual fue denegada por el tribunal de Distrito. Apeló entonces ambas órdenes. Decidió acudir ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Utah para que aplicara en artículo 28 del Código de los Estados Unidos, artículo 1291, para que revocara el caso, es decir, que adoptara una «sentencia sobre una sentencia».
Carlos Caballero y su esposa Beatriz Wightman
La demanda federal también alegó que las Farc y los elenos, a través de sus agentes y representantes, traficaban millones de dólares en drogas ilícitas hacia y a través de Utah, y que sus actos atroces y viles contra [el señor Caballero] y su familia (Carlos Caballero y su esposa Beatriz Wightman) eran un componente necesario de este plan. Y que los venezolanos cercanos al régimen Maduro patrocinas a los grupos guerrilleros colombianos y a su negocio de droga.
Caballero solicitó una nueva sentencia federal lo que le permitiría ejercer los recursos de cobro. Se produjo entonces un fallo de recuperación de dinero o propiedad dictada en cualquier tribunal pues la sentencia volvió así definitiva por buena causa demostrada…. “Una sentencia así registrada tendrá el mismo efecto que una sentencia del tribunal de distrito del distrito en donde se registró y puede ejecutarse de la misma manera”, concluyó el Tribunal y traspasó los bienes a Caballero.
Gorrín negó haber sido alguna vez un «agente o instrumento» de las FARC, pero todas sus propiedades en Estados Unidos quedaron congeladas desde el ocho de enero de 2019 por orden del Departamento del Tesoro que impuso sanciones a Venezuela.
LA CORRUPCIÓN ENCABEZADA POR GORRÍN
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a personas y empresas venezolanas involucradas en un importante esquema de corrupción diseñado para aprovecharse de las prácticas cambiarias del Gobierno de Venezuela, generando más de US$2.4 mil millones en ganancias corruptas.
La designación, de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 13850, se dirigió a siete venezolanos del régimen Maduro, entre ellas la extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén (Díaz) y Raúl Antonio Gorrín Belisario (Gorrín).
Los acusó de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela para realizar operaciones ilícitas con divisas en Venezuela. Además de Díaz y Gorrín, la Ofac designó o bloqueó a otras cinco venezolanos y 23 entidades, por su participación en el esquema de sobornos, e identificó una aeronave privada como propiedad bloqueada.
Alejandro José Andrade Cedeño, sentenciado a diez años de prisión en Estados Unidos, y Claudia Patricia Díaz, mientras ocupaban el Tesorero Nacional, utilizaron sus cargos oficiales para otorgar a Gorrín, un destacado empresario venezolano, acceso a los tipos de cambio preferenciales de la ONT y maximizar así las ganancias de las transacciones de divisas realizadas a través de las casas de bolsa, que Gorrín, entre otras pocas personas autorizadas por la ONT, controlaba.
Mientras Andrade era tesorero nacional, otorgó el negocio de cambio de la ONT a un número limitado de personas, entre ellas Gorrín y Leonardo González Dellán (González).
A cambio de ser seleccionados como las únicas casas de cambio aprobadas por la ONT, Gorrín y González, otro empresario venezolano, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Andrade.
Raúl Antonio Gorrín Belisario
Andrade facilitó la continuación del esquema de sobornos al presentarle a Gorrín a su sucesor, Díaz, cuando este dejó la ONT. Gorrín compensó a Andrade por presentarle a Díaz, lo que permitió que el esquema de sobornos continuara sin ser disuadido. Desde al menos 2011 hasta 2013, Gorrín pagó sobornos a Díaz, transfiriéndole dinero a ella y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez), y adquiriendo activos en su nombre, incluyendo una residencia en Cap Cana, República Dominicana, y una aeronave.
Gorrín y González controlaban el patrimonio generado por corrupción en nombre de Andrade, depositándolo en cuentas bancarias en el extranjero y reinvirtiéndolo en propiedades, aeronaves y otros bienes de lujo bajo la dirección de Andrade. La parte de las ganancias ilícitas que le correspondía a Andrade nunca se envió directamente a Andrade; en cambio, estas personas adquirían activos para Andrade, bajo su dirección o en su nombre.
La red de corrupción de Gorrín y hasta Derwick (¿la recuerda en Pacific Rubiales?)
Gorrín, González y su cuñado y socio comercial, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (Perdomo), adquirieron activos y pagaron los gastos de Andrade relacionados con numerosas aeronaves y yates, propiedades en Estados Unidos y en el extranjero, varios caballos de campeonato y numerosos relojes de alta gama.
La compra de todos estos bienes y la transferencia de pagos se ocultaban tras una sofisticada red de empresas estadounidenses y extranjeras que ocultaban la titularidad real de los individuos. Todos los involucrados en el esquema gastaban su parte de las ganancias resultantes en propiedades en Estados Unidos, así como en el mantenimiento de importantes cuentas en bancos estadounidenses y la compra de barcos y aviones registrados en ese país. Gorrín posteriormente imitó esta estructura al controlar los activos de Díaz generados como resultado del esquema de cambio de divisas.
En obra negra y diseño para construir
Raúl Gorrín Belisario fue acusado formalmente por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa), así como por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados, por un total de más de mil millones de dólares, en Florida y Nueva York.
Gorrín también estaba siendo investigado por malversar miles de millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvs). Se cree que Gorrín también pagó a varios funcionarios para tener acceso a políticos y funcionarios del gobierno venezolano, y se creía que mantenía fondos en nombre de estos individuos, de la misma manera que los mantenía para Andrade.
Estas personas incluyen, entre otras, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, quien fue designado por la OFAC el 9 de noviembre de 2017, y Maikel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrín, quien fue designado por la OFAC el 18 de mayo de 2017 de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692. Gorrín también compró regalos para Cilia Adela Flores de Maduro, la primera dama de Venezuela, quien fue designada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la E.O. 13692.
Como resultado de esta acción, se bloquean todos los bienes e intereses en bienes de los designados sujetas a la jurisdicción estadounidense o en tránsito por ella, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellas. Simultáneamente con esta acción, la Ofac emitióuna licencia general que autoriza ciertas transacciones y actividades con dos entidades propiedad de o controladas por Gorrín y Perdomo, Globovisión Tele C.A. y Globovisión Tele CA, Corp, por un período de un año.
Esta licencia general tiene por objeto permitir que la cadena de noticias Globovisión, con sede en Venezuela, continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas.
La vía para que Estados Unidos proporcione un alivio permanente de las sanciones a estas entidades es mediante la desinversión y la renuncia al control por parte de cualquier Nacional Especialmente Designado, incluidos Gorrín y Perdomo.
