Bogotá.- La Superintendencia de Sociedades de Colombia decidió admitir a la sociedad Autopistas de Santander S.A.S. al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de2006 como mecanismo de protección de las acciones de sus acreedores.
Constituida en 2006, su mayor accionista es el Grupo Empresarial Grodco, con el 51,1%, y las firmas Técnica Vial, Procesadora de Asfaltos, Olga Lucía Rodríguez Guzmán, Organización Rodríguez y CIA, Robich y Rodríguez Guzmán y CIA.
Fue designada como promotora de la reorganización Nohora Lucila Rodríguez Duarte, bajo la advertencia de que las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes distintos a los sujetos a registro, de los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del seis de mayo de 2020, se levantarán por ministerio de la Ley,
El 13 de noviembre de 2018 su controladora C.I. Grodco Ingenieros Civiles S.A.S, fue admitida también el proceso de protección de los acreedores. Grodco habían celebrado previamente con sus acreedores del sector financiero un acuerdo privado de refinanciamiento de obligaciones que se soportó en las perspectivas de contratación esperadas, perspectivas que resultaron fallidas y que impidieron a la empresa cumplir los compromisos pactados en dicho acuerdo.
Y obviamente no se cumplieron las expectativas de venta que en 2016 eran $110.000 millones y solo se concretaron $85.000 millones; para 2017 preveía $160.000 millones, de los cuales facturó $97.000 millones y finalmente para 2018 solo se concretaron $26.000 millones de los $170.000 millones previstos.
En 2006 Autopistas de Santander y el Instituto Nacional de Concesiones – Inco (hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI) celebraron un contrato de concesión para los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga – ZMB”.
Una obra de 66 kilómetros de vía nueva y rehabilitación de 66 kilómetros de dos carriles. El término estimado de ejecución del contrato sería de veinte (20) años contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Ejecución. En 2008 se inició la construcción.
Autopistas de Santander comenzó luego a legar que enfrentó ingentes dificultades, originadas en las lluvias derivadas a la ola invernal durante el 2010 y el 2011, en la falta de interventoría durante gran parte del contrato, en las falencias de la información suministrada por la ANI y finalmente advirtió que como consecuencia de la existencia en uno de los tramos para construir una segunda calzada de un predio perteneciente a la planta cervecera de Bavaria, se generó una situación de “No Gestión Contractual” por parte del Concedente, obligando a la Concesionaria a iniciar un tribunal de arbitramento en el mes de Marzo del 2012.
En esencia aseguró denunció la inacción de las autoridades policivas y municipales de Bucaramanga para el desalojo de los vendedores de fruta que ocupaban la vía pública, las recurrentes solicitudes y bloqueos de la comunidad para que les construyeran puentes peatonales adicionales, en la existencia en el tramo cinco de la fábrica de Bavaria SabMiller que impedía la construcción de la calzada nueva y el incumplimiento de la ANI de la autorización de un viaducto para solucionar dicho impase.
También alegó deficientes cálculos de la ANI sobre los predios necesarios para la obra que produjeron un incremento del 500% del estimativo que entregó la ANI aunado al incumplimiento por parte de la ANI en la entrega de los recursos económicos para la compra de los predios, en la demora de las autoridades judiciales para la entrega de los predios sujetos a expropiación, en los incumplimientos y demoras de las empresas de servicios públicos para el traslado de redes.
Lo cierto es que en 2018 se inició el tribunal de arbitramento, el que en marzo de 2021 falló en contra de las pretensiones de Autopistas de Santander que ahora aduce un detrimento patrimonial de $20.379 millones que le hace acudir a la reorganización empresarial.
Accionistas de C.I. Grodco Ingenieros Civiles:
Olga Lucía Rodríguez Guzman, NIT. 41.575.423;
Robitzch y Rodríguez Guzmán y Cia S en C.A., NIT. 900.140.344-3;
Organización J Rodríguez G y Cia. S. en C.A., NIT. 900.013.470-1;
C.I. Procesadora de Asfaltos S en C.A., NIT. 860.059.174-8; y
Ana Silvia Guzmán de Rodríguez, NIT. 20.125.231.
Grodco quiere decir Gustavo Rodríguez Díaz (qepd), un ingeniero civil de Universidad Nacional, quien en 1958 fue el fundador de la compañía, fue miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (Acic).
CI Grodco Ingenieros Civiles S.A.S. fue constituida el ocho de marzo de 1982 bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Calle 100 No. 13 – 12, piso 8, Bogotá D.C. Al frente de la Gerencia y la presidencia ha estado en los últimos años Gustavo Adolfo Rodríguez Guzmán, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Derecho, y vinculado a Grodco, una de las accionistas de Autopistas de Santander como accionista y como presidente del Grupo Empresarial Grodco y parte de la Junta Directiva de Autopistas de Santander
La década de los 90’s significó para el Grupo la entrada en el modelo de negocio concesionario, participando en proyectos como la Autopista del Café y Santa Marta – Paraguachón. En 2000 comenzó la internacionalización.
En 2010 recibió el contrato de concesión Ruta del Sol III, uno de los proyectos viales más grande de los últimos tiempos (tres días antes de culminar el mandato de Álvaro Uribe y bajo la gestión de Andrés Uriel Gallego al frente del Ministerio de Obras), contrato con valor inicial de $2.079.953.179.851 (para ejecutar las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la vía San Roque – Ye de Ciénaga y El Carmen de Bolívar – Valledupar). Tiempo de Ejecución: 2011 – 2015
Adujo problemas técnicos, financieros y administrativos y finalmente la concesión cayó en el escándalo de corrupción del ex gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto –el mismo de los dineros de Odebrecht- quien había recibido coimas para que interviniera usando sus influencias ante la ANI para beneficiar a un contratista.
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