Bogotá.- La Superintendencia de Sociedades confirmó dos decisiones en virtud de la cuales impuso multas, que sumadas contabilizan $50,6 millones, a la sociedad Kpmg S.A.S. (Colombia). Lo anterior por el incumplimiento de sus obligaciones como revisora fiscal de las sociedades Alpha Capital S.A.S. y Vive Créditos Kusida S.A.S.
Las decisiones, resoluciones 900-000989 y 900-000990 del 2023, se fundamentaron en que la sociedad, en su rol de revisora fiscal, no presentó oportunamente su dictamen de los estados financieros del 2020 de las supervisadas; desconociendo de este modo, lo establecido en los artículos 207 –numerales 1, 3, 7 y 9– y 208 del Código de Comercio, así como lo contemplado en las normas internacionales de auditoría 250, 700 y 705, contenidas en el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015.
Según las resoluciones, el dictamen o la opinión de los revisores fiscales respecto de la información financiera de las sociedades auditadas debe estar disponible, a más tardar, en la fecha en la que el máximo órgano social debe sesionar en reunión ordinaria, pues es en esa ocasión en la que la administración de la sociedad le debe presentar, entre otros documentos, el informe escrito del revisor fiscal; de conformidad con lo señalado en los artículos 181, 422 y 446 del Código de Comercio, y 34 y 46 de la Ley 222 de 1995.
Independientemente de cuál sea el tipo de dictamen que el revisor fiscal considere emitir — ya sea en la modalidad de opinión no modificada u opinión modificada (con salvedades, desfavorable o adversa, o denegación o abstención de opinión) — lo importante es que su gestión se desarrolle de manera oportuna.
En noviembre de 2021 CFG Partners, con oficinas centrales en Puerto Rico, un prestamista no bancario de créditos de consumo, adquirió por 149 millones de dólares la cartera de préstamos de libranzas de las colombianas Alpha Capital S.A.S. y Vive Créditos Kusida S.A.S.
Se trata de subsidiarias del banco mexicano “en la sombra” AlphaCredit Holding, S.A. de C.V. que entró en líos en abril de 2021 tras hallar un “roto” de US$206 millones. En agosto siguiente, la controlante de las dos, Alpha Latam Management, controlada por AlphaCredit, se acogió a protección ante quiebra conforme a las disposiciones del capítulo 11 del Código de Bancarrota del Tribunal en materia de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
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Como se recordó en los actos administrativos, la figura del revisor fiscal representa una institución de orden público de la que se derivan distintas y muy importantes funciones que no solo inciden en los intereses privados de los particulares vinculados a las entidades fiscalizadas, sino que, además, persiguen la protección de intereses de terceras personas y la consecución de fines considerados valiosos por el Estado.
Este alcance público-privado obliga a los revisores fiscales a desempeñar sus labores con la mayor diligencia posible, siempre de forma eficaz, permanente, integral, independiente, oportuna y objetiva, ajustándose a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.
Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó que “recomendamos a los revisores fiscales cumplir con la mayor diligencia y oportunidad, las obligaciones que se desprenden de las reglas establecidas en la legislación comercial y las que se derivan de las normas internacionales de auditor”.
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