Bucaramanga.- Si el municipio de Bucaramanga y su Área Metropolitana (Floridablanca, Piedecuesta y Girón) no hace una propuesta de pago a más tardar este martes a las 8:00 a.m., el sistema de transporte masivo Metrolínea se irá a liquidación por incumplir el proceso de Ley 550 de 1999.
LA ESENCIA DEL PLEITO
El 18 de noviembre de 2008, Estaciones Metrolínea celebró con Metrolínea S.A., para que realizara por su cuenta y riesgo la construcción de la Estación de Cabecera y los Patios de Operación y Talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Metrolínea S.A. le hizo entrega a Estaciones Metrolínea de un predio para la construcción del proyecto, a pesar de que Estaciones Metrolínea le hizo Notar A Metrolínea S.A. que había encontrado diferencias entre el predio entregado y los documentos que con posterioridad le habían sido suministrados en relación con el inmueble, Metrolínea insistió en que se debía continuar la ejecución del Proyecto.
Por decisión de autoridad judicial se adoptó una medida cautelar, en un proceso de acción popular, que impedía realizar el Proyecto, pues la construcción ocupaba parte de un predio que había sido adquirido previamente por el Área Metropolitana de Bucaramanga para la realización de la obra de ampliación de la Autopista de Floridablanca y cuya parte no utilizada le fue transferida posteriormente al Municipio de Floridablanca.
Como consecuencia del lío y dado que la suspensión del contrato había excedido el límite contractual dispuesto para el efecto, Estaciones Metrolínea ejerció el derecho a pedir la terminación del Contrato de Concesión y se llegó a un acuerdo entre las partes para su terminación anticipada.
Debido a la terminación anticipada, se debía proceder a la liquidación pero el común acuerdo no fue posible, y Estaciones Metrolínea denunció estratagemas para evadir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales y tuvo que convocar un Tribunal de Arbitramento.
El laudo arbitral se produjo el 18 de febrero de 2016 y ante un recurso de anulación por Metrolínea contra el Laudo Arbitral, el Consejo de Estado, en 2017, finalmente determinó un valor de liquidación del Contrato de Concesión por $175 mil millones, el cual, después del descuento dispuesto por concepto de las sumas pagadas al Concesionario como remuneración, se redujo a la suma de $145.256 millones tras liquidaciones complementarias.
LOS TENEDORES DE BONOS PERJUDICADOS
Hoy el saldo del Laudo que el Consejo de Estado obliga a pagar a Metrolínea S.A. al concesionario Estaciones Metroíinea Ltda, excede los 300.000 millones de pesos y Estaciones Metrolínea Ltda debe 200.000 millones de pesos a los tenedores de bonos.
Por lo tanto los tenedores de bonos serán que tomen la determinación del futuro de Metrolínea. Esa empresa en compañía con la Alcaldía y el Área Metropolitana contrataron la construcción de un portal – que se llama Portal PQP – Papi Quiero Piña – y su parqueadero.
Contrataron con Estaciones Metrolínea Ltda, que fue emitió los bonos mediante la Fiduciaria Colmena. La emisión fue por $75.000 millones a una tasa de 7.6% anual + I.P.C. Los papeles tenían un período de gracia de seis años a capital, pero pagaban intereses semestrales mediante un porcentaje del recaudo del sistema.
Los predios y las licencias eran responsabilidad del Sistema como tal, hubo fallos judiciales, entraron en escena los concejales y propietarios de predios cercanos a la obra que la demandaron y un Juez de Bucaramanga ordenó su suspensión y posteriormente exigió detener la obra indefinidamente.
La obra se suspendió definitivamente y el constructor debido al gran retraso, la inversión hecha y la imposibilidad de cumplir, la devolvió, por lo que la calificación del título bajó rápidamente y así se castigó la inversión.
La Alcaldía de Bucaramanga es el principal socio y tiene la mayoría de las acciones en Metrolínea, en cuyo capital también participan como socios los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón.
Según el convenio de cofinanciación las entidades territoriales asumieron la obligación de proveer los recursos necesarios para cubrir cualquier costo adicional relacionado con el Sistema Metrolínea, que Metrolínea no esté en capacidad de atender conforme a su propio presupuesto.
El Ministerio de Transporte ha requerido en varias oportunidades a la Alcaldía de Bucaramanga y a los demás entes territoriales socios de Metrolínea para que se adopten las acciones que permitan asumir las implicaciones económicas del Laudo Arbitral, pero persiste la desatención de sus obligaciones y no ha habido actuación alguna de estas autoridades, que le dé solución a la situación creada.
El escándalo amenaza con dejar de pagar a más de 10.000 inversionistas que de buena fe creyeron en el proyecto que acudió a una emisión de bonos en el mercado de valores.
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