Bogotá.- La Superintendencia de Sociedades comprobó hoy el incumplimiento por la firma confeccionista Color Siete S.A.S. del acuerdo que logró con sus acreedores en octubre de 2018 por $23.469 millones, declaró su terminación y decidió decretar la apertura de su proceso de liquidación judicial.
Fue fundada el cuatro de marzo de 1987 bajo el nombre de M & R Compañía Limitada como una empresa de maquila, y un año después decidió acogerse a los beneficios tributarios y fiscales, y montó su factoría en el municipio de Villamaría, en Caldas, en la zona de influencia del Volcán Nevado del Ruiz.
En 1998 dio un primer salto con un contrato con Arrow y en 1999 abrió su primera tienda de retail en una cadena que llegó a completar 40. Luego atendió procesos de confección para Sara Internacional de Miami, los que abandonó rápidamente. En 2006 creó una de sus marcas bandera, Rosé Pistol, pero el 21 de septiembre de 2017, decidió acogerse a reorganización de bajo la Ley 1116 de 2006.
Este lunes la compañía intentó infructuosamente una reforma del acuerdo con acreedores que finalmente reconoció que “nació muerta”, Davivienda exigió el primer pago del acuerdo de su deuda pendiente desde diciembre, la Dian rechazó una compensación.
La Superintendencia de Sociedades concluyó que esta era la última oportunidad para ponerse al día, ordenó la terminación de los contratos de trabajadores (unos 300) con la debida liquidación inmediata y el embargo de todos los bienes, haberes y derechos.
Accionistas:
M. Y R. Compañía S.A. Socio Capitalista
Efrén Molina Osorio Socio Capitalista
Amparo Zuluaga de Molina Socio Capitalista
El apodera de Color Siete, Juan Carlos Paredes, insistió que desde el año pasado se había requerido sobre la necesidad de reformar los plazos y condiciones con los acreedores porque la tasa de cambio se disparó a niveles insostenibles, que el más grande cliente, Orbis dejó de hacer pedidos – el último de ellos en enero – que la compañía no tiene caja – “no tiene para ponerse al día y el acuerdo que se propuso de pago desde diciembre fracasó”.
Desde el 27 julio 2023 se había decidido convocar audiencia de incumplimiento de ciertos pagos de administración y entonces la firma solicitó que se reformara el acuerdo con los acreedores para normalizar los pagos, en octubre pasado atendió algunos requerimientos de la Dian pero a estas alturas no fue posible lograr la subsanación.
Este lunes María Andrea Campo Rodríguez, directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución de la Superintendencia de Sociedades que designará liquidador y que a partir de ahora no puede adelantar operaciones desarrollo de su actividad comercial.
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