Por Héctor Mario Rodríguez – Bogotá.- La audiencia en la Superintendencia de Sociedades arrancó en las últimas horas entre el optimismo de que hubiera buenas noticias para mantener el empleo de 226 trabajadores (114 de ellos mujeres) de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S. y el pesimismo de que ya van tres convocatorias de los acreedores por los constantes incumplimientos de pago de la compañía.
El 28 de enero de 2020 la SuperSociedades admitió al proceso de reorganización a la sociedad – fundada el 28 de febrero de 2007 por el humorista Pedro Antonio González –. La firma, el 19 de enero de 2022, acordó pagar deudas reconocidas por $14.541 millones.
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Pedro Antonio González
Entonces pactó que las acreencias fiscales, por ejemplo, se pagarían en 37 meses, las acreencias laborales a un plazo de 25 meses y los créditos a favor de entidades de seguridad social se cancelarían a 38 meses, en un solo contado.
Sin embargo ya en marzo de 2024 los acreedores habían llamado a rendir cuentas, dos veces, a la cadena de restaurantes por incumplir el pago de deudas pactado. Y luego, el 23 de octubre de 2024, el dos de diciembre siguiente y ahora el 27 de enero de 2025.
Aunque en 2023 aumentó sus ventas a 27.424 millones de pesos ($26.050 millones en 2022), ganó 1.321 millones de pesos ($47 millones en 2022), su endeudamiento subió a los 25.466 millones de pesos (desde los $21.985 millones un año antes).
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Se había comprometido a pagar, a más tardar el pasado 30 de diciembre $2.000 millones a la Dian, para merecer una facilidad de pago de $6.200 millones de impuesto al consumo, pero incumplió (consignó $1.500 millones).
Ahora solicitó hasta el 20 de abril para ponerse al día con sus acreedores, pero la Dian dijo no y advirtió que tiene hasta el siete de febrero para cancelar los $500 millones en que se quedó corta en diciembre. Y que es muy difícil que le otorgue plazo para lo demás.
De hecho, la jueza del concurso, Nini Johana Castañeda Quintero (directora de acuerdos de Insolvencia del regulador corporativo colombiano) tuvo que hacer un llamado a la sensatez a los administradores de la cadena:
…”recuerden que el impuesto al consumo se origina en cada plato de comida que se vende…”, advirtió al recordar que la deuda en mora de más de 6.200 millones de pesos con la Dian, crece y crece.
Porvenir, Colfondos, Suramericana (unos $300 millones pendientes), Colpensiones ($64 millones), se quejaron de que no cumpla sus compromisos con la seguridad social de sus trabajadores. Se les unió Positiva ($20 millones) y faltaba el caso que causó mayor preocupación….
LA CONDENA JUDICIAL POR LA MUERTE DE UN TRABAJADOR
El abogado Nelson Hernández Cholo, pidió la palabra y se quejó de que el debate en la audiencia se centrara en pagos de impuestos, arriendos, y demás, pero nada se dijera sobre más de 360 millones de pesos que debe Don jediondo por una condena judicial.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Zipaquirá – Cundinamarca, mediante sentencia de 16 de noviembre de 2022, condenó a la sociedad porque “incurrió en culpa suficientemente comprobada en la ocurrencia del accidente de trabajo que provocó la muerte al extrabajador Jhonatan David Velásquez Cortés”. En marzo de 2024 el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la decisión.
Los hechos tuvieron lugar el 20 de junio de 2019, en la sede campestre en Cajicá – en la vereda Calahorra, Granja Normandía – cuando, según la sentencia, se le ordenó al mesero llevar unas cajas “en el ascensor de carga, fuera de su sitio de trabajo y sin ser esa una de sus funciones”.
Murió atrapado por el malacate, pues según el fallo, “el ascensor de carga no contaba con rejillas, mallas o vidrio que brindara integra protección al trabajador y que lo resguardara el peligro que el aparato representaba…”
Al proceso se aportó un vídeo de 45 minutos, en el cual quedó grabado el accidente de trabajo: muestra el momento exacto en que el extrabajador queda atrapado dentro del ascensor (malacate) por la ausencia del vidrio en la puerta derecha, y que al descender le genera atrapamiento entre las varillas.
Se aportó un estudio técnico de la ARL AXA -Colpatria que concluyó que: “Causas inmediatas del evento: actos inseguros. Exponerse innecesariamente a materiales o equipos que se mueven. Uso del equipo de manera inapropiada. Uso inapropiado de las partes del cuerpo para operar equipos o herramientas. Condiciones peligrosas – inadecuadamente protegido”.
Hay que recordar que ante el incumplimiento en el pago de gastos de administración, el acreedor cuenta con la facultad de iniciar las acciones legales que considere pertinentes, ante las autoridades competentes para atender el caso en concreto. Eso abre la posibilidad a requerimientos constantes de la Superintendencia de Sociedades y a la solicitud de la liquidación por parte de los acreedores.
Según la jueza de quiebras el incumplimiento en el pago de los gastos de administración puede ser signo de inviabilidad del deudor en el proceso de reorganización, el cual debe estar generando ingresos suficientes para atender, no solo los compromisos propios del giro ordinario de su actividad, sino también los que permitirán atender el pago del pasivo objeto de un eventual acuerdo de reorganización.
Los acreedores no fueron muy unánimes en pedir la liquidación pero el viernes 28 de marzo Don Jediondo tiene la última oportunidad para demostrar que está al día o que llegó a acuerdos reales para la totalidad de los pagos. De lo contrario se decretará su liquidación judicial.
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