Medellín.- La Contraloría Distrital de Medellín estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $739.562 millones, relacionado con la decisión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de concretar la adquisición de CaribeMar S.A.S. E.S.P. (Afinia) en septiembre de 2020.
El resultado se produjo en desarrollo de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados realizada a EPM, en la que el organismo de control examinó las actuaciones de la administración y de la Junta Directiva durante el proceso de adquisición de la compañía encargada de la distribución y comercialización de energía en parte de la región Caribe.
Según la Contraloría, el hallazgo se concentra en las decisiones adoptadas en septiembre de 2020, cuando se renegoció y perfeccionó la operación mediante la aprobación del Acta de Junta Directiva No. 1695 y la suscripción del Otrosí No. 5 al contrato de compraventa.
El organismo recordó que el contrato de adquisición de acciones, firmado el 30 de marzo de 2020, contemplaba que el incumplimiento de los indicadores de recaudo, establecidos en un nivel de referencia del 81,33%, constituía un Efecto Material Adverso (EMA).
Durante el seguimiento previo al cierre de la transacción, EPM identificó una desviación en ese indicador, circunstancia que, de acuerdo con el contrato, le permitía abstenerse de concretar la compra sin asumir costos ni penalizaciones.
Sin embargo, la Contraloría señaló que, pese a contar con el respaldo jurídico y financiero para ejercer esa cláusula, la Junta Directiva autorizó al gerente general a suscribir el Otrosí No. 5.
Mediante esa modificación contractual, EPM renunció de manera expresa e irrevocable a su derecho de abstenerse del cierre de la operación por la vía del EMA operativo y asumió la obligación de finalizar la adquisición, que se concretó el 30 de septiembre de 2020.
El ente de control también indicó que la operación no se limitó a la firma del contrato de compraventa, debido a que estuvo vinculada al Centro de Servicios Compartidos (CSC), mediante un esquema que contemplaba una transición de servicios de hasta dos años después del cierre, con efectos contractuales hasta 2022.
De acuerdo con la auditoría, la decisión de septiembre de 2020 se produjo cuando EPM enfrentaba diferentes circunstancias que habían sido identificadas por la administración.
Entre ellas se encontraban las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del COVID-19, las presiones financieras derivadas de la contingencia de Hidroituango y la intervención estatal previa de la empresa objeto de adquisición.
Sobre este último aspecto, la Contraloría señaló que existía una abstención de opinión del revisor fiscal respecto de los estados financieros de la compañía y un análisis de riesgo con una calificación alta.
A estas condiciones se sumaba la complejidad del mercado de comercialización y distribución de energía eléctrica en la región Caribe.
Para el organismo de control, la decisión de continuar con la compra no correspondió a un compromiso ineludible o inercial, sino a una determinación autónoma adoptada en un momento de vulnerabilidad financiera de EPM.
La Contraloría sostuvo que, bajo esas circunstancias, era necesario preservar las herramientas contractuales de protección y la liquidez de la empresa, en lugar de comprometer mayores recursos de caja.
En cuanto al impacto patrimonial, el ente de control explicó que los $739.562 millones corresponden a los flujos que EPM, en su condición de accionista, dejó de percibir y que estaban representados en dividendos comprometidos por el vendedor en caso de negocio.
Estos recursos corresponden a $509.238 millones de la vigencia 2024 y $230.324 millones de 2025.
Según la Contraloría, la presunta afectación patrimonial se originó en la destrucción de valor asociada a una gestión fiscal que calificó como antieconómica e ineficiente al momento de adoptar la decisión de inversión.
El organismo informó que, con la confirmación del hallazgo, dará traslado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital de Medellín para que adelante los trámites correspondientes.
El hallazgo tiene carácter presunto y será objeto del procedimiento de responsabilidad fiscal correspondiente.