Bogotá.- La novela de dos grandes capítulos titulados “Impactado el patrimonio de involucrados en multimillonario desangre a las finanzas de San Andrés” y “Fiscalía incauta patrimonio de responsables de desfalco en las contribuciones de valorización en Armenia” acaba de revelar un nuevo capítulo. Se acoge a reorganización la compañía Furel, empresa en extinción de dominio y proveedora de soluciones para energía renovables tras registrar deudas vencidas superiores a $144.098 millones.
Furel S.A. tuvo sus inicios en 1992, en Medellín y cuenta hoy con presencia a nivel nacional e internacional, siendo una de las empresas lideres del sector.
El objeto de la empresa es la prestación de servicios de ingeniería civil, eléctrica y telecomunicaciones, enfocadas dentro de las actividades de construcción, mantenimientos, adecuaciones , gerencia de proyectos y todos los negocios afines, contamos con un área de automatización y domótica que nos permite adelantarnos en el futuro en lo que a bienes y servicios se refiere, la cual se complementa con un área de seguridad electrónica, donde ofrecemos servicios de diseño e instalación de Sistemas de seguridad valiéndonos de elementos electrónicos de última tecnología.
Desde el 12 de junio del 2018, la Fiscalía 53 Especializada de Extinción de Dominio, decretó, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo del 100% de la participación accionaria que compone la empresa Furel S.A ordenándose a su vez la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica de esta sociedad y sus subsidiarias.
El 13 de junio de 2018 la Fiscalía 53 Especializada de Extinción de Dominio, a través del Fiscal José Iván Caro Gómez, en acompañamiento con María Camila Fernández (funcionaria de la SAE) y el Depositario Provisional Mercados y Estrategias S.A.S. llevó a cabo la toma de posesión de bienes, haberes, negocios establecimiento de comercio y unidades de explotación económica de la Sociedad Furel S.A.
Las medidas cautelares de la sociedad Furel S.A. decretadas por la Fiscalía 53 Especializada en Extinción de Dominio quedaron perfeccionadas en el siguiente orden: i) La suspensión del poder dispositivo y el embargo, con el registro en Cámara de Comercio que data del 19 de junio de 2018 y ii) El secuestro y la toma de posesión de bienes y haberes.
La solicitud de admisión al proceso de reorganización de Furel S.A., fue presentada por el representante legal de la sociedad quien dijo que la autorización para iniciar el proceso de Reorganización se realizó mediante asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada el 13 de enero de 2022, en la que participó la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y se dio por aprobado el inicio del proceso de reorganización.
El plan de negocios que presentó el representante legal de Furel fue aprobado en asamblea ordinaria de accionistas realizada el 25 de marzo de 2022, en la que se señaló que el plan de acción 2022 está condicionado a la consecución de recursos y los principales temas desarrollados fueron:
I. Una restructuración financiera a través de fondeo de recursos por el Frisco y como avalista de obligaciones con las aseguradoras. (Supeditado a la aprobación de los comités respectivos al interior de la Sociedad de Activos Especiales)
II. Reestructuración comercial- Alianzas comerciales.
III. Cambio de imagen corporativa
IV. Reestructuración en la consecución de clientes
V. Hacer énfasis comercial en la línea de negocios de energías renovables»
En reportes de Diego Fernando Diez Díaz en calidad de representante legal, Liliana María Montoya, como contador público y Edwin Hernández Ángulo, como revisor fiscal, se indica que Furel S.A., tiene pasivos pendientes por retenciones a favor del fisco por más de $2.229 millones.
La sociedad tiene pasivos pendientes por aportes al sistema de seguridad social, por el valor de $18’725.700.
Impactado el patrimonio de involucrados en multimillonario desangre a las finanzas de San Andrés
La Fiscalía General de la Nación, en marzo de 2019, informó que mpuso medidas cautelares de extinción de dominio a 58 bienes, avaluados inicialmente en 150 mil millones de pesos, que estarían a nombre de los involucrados en varios hechos de corrupción ocurridos en San Andrés o habrían servido para respaldar las maniobras ilegales que pusieron en riesgo más de 120 mil millones de pesos del departamento. En las diligencias fueron incautados cerca de 400 millones de pesos.
La operación ‘Diez… Por ciento’ avanzó en su segunda fase con el propósito de identificar y afectar los activos de los involucrados en un esquema de corrupción, en el que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos a cambio de que los mandatarios locales le adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo.
En esta etapa fue impactado el patrimonio de algunos de los contratistas y exfuncionarios de Armenia (Quindío), ciudad en la que inicialmente la Fiscalía descubrió las maniobras ilícitas. Los esfuerzos del equipo de fiscales y peritos se concentró, luego, en San Andrés Islas, departamento que también fue afectado en sus finanzas a través de la presunta entrega irregular de las obras de construcción de megacolegios y edificios públicos, y mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos, entre otras.
El rastreo realizado por la Fiscalía General de la Nación permitió detectar 58 bienes (51 inmuebles, 4 sociedades y 3 establecimientos de comercio) que estarían a nombre de los funcionarios o particulares investigados por los hechos de corrupción en el archipiélago o habrían estado al servicio de los consorcios contratistas.
Con la información sobre el posible origen o destinación ilícita de los bienes, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ellos. Las diligencias de ocupación se cumplieron en el transcurso de la semana en municipios de Antioquia, San Andrés y Bogotá, y contaron con el apoyo de personal de policía judicial del CTI de la Fiscalía, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional.
Bienes avaluados en 150 mil millones de pesos
Los 58 bienes afectados con las medidas cautelares superan en valor los 150 mil millones de pesos y están distribuidos de la siguiente manera:
30 inmuebles entre casas, lotes, apartamentos, parqueaderos y depósitos ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota (Antioquia). Estos bienes estarían en cabeza de los contratistas Hernán Moreno Pérez, propietario de Furel S.A.; y Fernando León Diez Cardona.
20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie (2012 – 2016) y Ronald Housni Jaller (2016 – 2020), del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua.
En este grupo de propiedades sobresalen dos inmuebles con piscina y algunos lujos, ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay. Estas dos casas, cuyo valor ascendería a 5 mil millones de pesos, eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente.
También llamó la atención un lote que ya había sido objeto de extinción del derecho de dominio en un proceso por narcotráfico, y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andrés compró en un remate al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Con las medidas impuestas hoy el bien volvería al Frisco.
Un apartamento con parqueaderos, depósito y cava en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá que pertenecería al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller.
4 sociedades y tres establecimientos comerciales en Medellín (Antioquia) que conformaron los consorcios contratistas. En la sede de Concypa S.A., una de las sociedades ocupadas, los investigadores se incautaron de 400 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte.
Los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
En contexto
De acuerdo con la investigación coordinada por un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en 2011, Hernán Moreno Pérez, contratista y titular de la empresa Furel S.A., habría entregado 400 millones de pesos a la campaña de Aury Socorro Guerrero Bowie para que, una vez llegara a la Gobernación de San Andrés, le adjudicara los principales proyectos y obras en el archipiélago.
Para las elecciones de 2015, Moreno Pérez y otros constructores como Fernando León Diez Cardona, supuestamente, aportaron 1.200 millones de pesos al entonces candidato Ronald Housni Jaller, quien posteriormente llegó a la gobernación del departamento y habría dado continuidad a la contratación irregular.
La Fiscalía constató que los pliegos de contratación en San Andrés, al parecer, fueron ajustados para que las empresas de los constructores que financiaron las campañas quedaran con las obras y sus respectivas interventorías. En contraprestación por esta maniobra, los entonces gobernadores Guerrero Bowie y Housni Jaller habrían recibido el 10% de la contratación que, según los elementos probatorios, superó los 120 mil millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía compulso copias a la Corte Suprema de Justica para que, dentro de sus competencias, investigue la presunta participación del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller.
Fiscalía incauta patrimonio
En junio de 2018 se informó que fueron Incautados 23 bienes avaluados en ciento cincuenta y seis mil millones de pesos ($156.000’000.000) que harían parte del capital de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco y su esposo Francisco Javier Valencia Salazar; y de las tres firmas constructoras que habrían obtenido irregularmente contratos de obras viales.
En desarrollo de su política de extinguir el dominio del patrimonio de personas vinculadas a casos de corrupción, la Fiscalía General de la Nación tomó decisiones contra los presuntos responsables del denominado ‘festín’ de dádivas, con el que la administración de Armenia en el periodo 2012 – 2015, habría entregado los contratos de obra de desarrollo vial de la ciudad a cambio de $12.000’000.000 que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de funcionarios e intermediarios.
La Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de extinción de dominio contra 23 bienes que estarían a nombre o en los que tendrían participación accionaria la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, y su esposo, Francisco Javier Valencia Salazar, así como el constructor Fernando Díez Cardona, entre otros contratistas.
Las propiedades avaluadas en ciento cincuenta y seis mil millones de pesos ($156.000’000.000) fueron incautadas en una operación conjunta realizada por policía judicial de la Fiscalía, el Gaula Militar y personal del Ejército Nacional en Bogotá, Girardot (Cundinamarca), Pereira (Risaralda); Medellín, Sabaneta y La Ceja (Antioquia); y Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío). Entre los bienes ocupados hay 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos de comercio que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En el rastreo realizado por los investigadores de la Fiscalía al patrimonio de los involucrados en la defraudación a los recursos de Armenia, se constató que dos días antes de la captura de la exalcaldesa y su esposo, la pareja constituyó una sociedad denominada Valencia Otálvaro & Cía., con la cual habría empezado a ocultar y desviar parte de las propiedades que sostenían con los dineros que supuestamente recibieron para direccionar los contratos de obra.
Esa sociedad, algunas casas y fincas en las que aparecen como propietarios o tendrían participación la exfuncionaria y su cónyuge, fueron afectadas con las medidas de extinción de dominio.
Por otra parte, la Sociedad Constructora Díez Cardona S.A.S.; la Sociedad Constructora Furel S.A., del empresario Hernán Moreno Pérez, quien fue capturado; y la Sociedad Española Construcciones Lezo S.A.S., que conformaron las uniones temporales a las que les fueron entregados los contratos de las obras de Armenia en medio de presuntas anomalías y pagos de dádivas, también fueron ocupadas, así como las oficinas principales donde funcionaban en Medellín y Bogotá.
Para la Fiscalía está claro que las tres sociedades constructoras vinculadas a las investigaciones y sus bienes fueron destinados y utilizados como instrumentos para la comisión de una actividad ilegal que afectó las finanzas de Armenia. Adicionalmente, las medidas recaen sobre apartamentos, garajes y depósitos que aparecían a nombre de familiares del contratista Fernando Díez Cardona, capturado en el curso de las investigaciones.
Antecedentes
Entre marzo y abril de ese año, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 13 personas (funcionarios, intermediarios y contratistas) vinculadas a las investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de los planes de desarrollo vial de Armenia a un grupo específico de constructores.
En las indagaciones, la Fiscalía constató que la entonces alcaldesa, Luz Piedad Valencia Franco, obtuvo del concejo municipal aprobación para realizar cobros de valorización y así financiar obras como puentes y vías, entre otras. Asimismo, la entonces mandataria expidió un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con absoluta independencia.
Ese aparentemente marco administrativo y legal habría servido para que el constructor Fernando Díez Cardona y Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa, pactaran que toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a $111.262’735.728, quedara en manos de dos uniones temporales, en las que figuraban las empresas de Díez Cardona y algunos de sus socios.
El acuerdo presuntamente se pactó con una entrega inicial de $300’000.000 y el pago de dádivas que correspondían al 10% del valor total de los contratos, cerca de $12.000’000.000 desembolsados en efectivo, que supuestamente salieron de los anticipos reconocidos a los constructores.
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