Berlín.- El empleado descubrió una red de empresas pantalla articulada en torno a 15 entidades principales, la mayoría con sede en Hong Kong, Chipre y el Reino Unido —jurisdicciones criticadas por su secretismo financiero—.
La investigación interna llevó finalmente a la entidad a presentar al menos 294 comunicaciones por transacciones vinculadas a presuntos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y vulneración de sanciones internacionales, vinculadas con Colombia, según revceló “Financial Times”.
Internamente, el Deutsche Bank denominó «Project Wingman» a la investigación sobre blanqueo de capitales que se derivó de este hallazgo. En el marco de dicha investigación, se detectaron vínculos con Deripaska en empresas que enviaron o recibieron fondos de la red «Wingman», a pesar de que su nombre no figura en los registros oficiales de dichas sociedades y de que no fue mencionado en la propia investigación del Deutsche Bank.
También puede leer: “Deutsche Bank por dentro”: transacciones de ocho empresas de “blanqueo de capitales” y una de “crimen organizado” en el “Proyecto Cali” en Colombia

La investigación «Wingman» no fue un caso aislado. A principios de 2020, el departamento de AFC (lucha contra la delincuencia financiera) también estaba ocupado con otra investigación interna, denominada «Proyecto Cali», centrada en la relación de Deutsche Bank con bancos colombianos.
Informes internos y externos revelaron que el banco no tomó medidas ante las alertas generadas por un enorme flujo de pagos en euros hacia Colombia; algunos de estos pagos presentaban posibles vínculos con el narcotráfico y la trata de personas, entre otros delitos. Según sus propias estimaciones, para 2019, el banco controlaba entre el 60 % y el 80 % del mercado de pagos en euros en dicho país.
Tras procesar transacciones por un valor aproximado de 40 000 millones de dólares ese año, varios informes internos señalaron que Deutsche Bank presentó una cantidad «extremadamente baja» de reportes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés): ninguno ante las autoridades alemanas y menos de 10 ante las autoridades estadounidenses. Los informes internos indican que el banco había solicitado muy poca información a sus entidades bancarias clientes en Colombia.
Meses más tarde, en noviembre de 2020, el banco presentó 230 reportes de actividades sospechosas (SAR) en los que alertaba a las autoridades sobre diversas irregularidades, «incluyendo actividades relacionadas con el vicio, el incumplimiento de sanciones, servicios financieros ilícitos, narcotráfico, operaciones mediante empresas pantalla y flujos hacia paraísos fiscales».

Un informe elaborado por los supervisores independientes del banco señaló que dichos reportes dejaban al descubierto «deficiencias alarmantes en los controles y procesos de revisión de la entidad, los cuales no lograron identificar estas transacciones problemáticas desde un principio»; no obstante, el informe destacó positivamente la comunicación establecida entre Deutsche Bank y sus socios colombianos tras el hallazgo de estas irregularidades.
Según el informe, empleados de Deutsche Bank ya habían expresado anteriormente su preocupación por las transacciones realizadas con Colombia. Los supervisores citaron a un directivo que comentó que «algo anda mal» cuando un banco mantiene un volumen de negocio multimillonario en euros en un país, pero no genera ningún reporte de actividad sospechosa. Otro empleado de Deutsche Bank señaló: «No se puede simplemente abrir el grifo en Colombia y dejar que el dinero fluya sin supervisar lo que ocurre».
A los supervisores les preocupaban especialmente las transacciones vinculadas a empresas relacionadas con la industria del entretenimiento para adultos. Temían que los mismos errores que llevaron a Deutsche Bank a aceptar como cliente al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se estuvieran repitiendo en su forma de operar con los bancos colombianos. «Al principio, el personal del banco no mostró mucho interés por la posibilidad de que existieran casos de trata de personas adultas y explotación», señalaron.
La filtración revela que se transfirieron 8,4 millones de euros a particulares en Colombia desde una empresa de servicios de pago llamada Dek-Co (UK). Su propietario, Anton Postolnikov, también prestaba servicios bancarios a los hermanos Tate —conocidos por su presunta implicación en redes de trata con fines de explotación sexual— a través de Dek-Co y otra entidad financiera. En un periodo de seis meses, Dek-Co (UK) realizó más de 2.000 transacciones, con un importe medio de 4.000 euros cada una, justificadas bajo el concepto de «transferencia de fondos propios». Los hermanos Tate niegan estas acusaciones.
Los supervisores citan a un empleado del Deutsche Bank, quien sugirió que los destinatarios podrían haber sido «víctimas inocentes» o personas «explotadas». No obstante, según los supervisores, el mismo empleado insistió en que habían recibido instrucciones de no verificar el origen de dichas transacciones.
En respuesta a las consultas del consorcio, Dek-Co (UK) negó haber prestado servicios ilícitos. La empresa afirmó que «siempre ha notificado este tipo de operaciones a las autoridades reguladoras y a las fuerzas de seguridad tan pronto como ha tenido conocimiento de ellas». La compañía evitó pronunciarse sobre su relación bancaria con los hermanos Tate, alegando que no puede ofrecer información sobre clientes específicos.

A nivel interno, el banco parece haber mostrado mayor preocupación por posibles vínculos con el narcotráfico que con la explotación sexual. En un documento interno relativo a Dek-Co (UK), se menciona la sospecha de que el movimiento de fondos «de vuelta a Colombia constituye un intento de desvincular el dinero de los beneficios obtenidos mediante el tráfico de drogas».
Otras dos empresas, señaladas en el marco del «Project Cali», fueron identificadas —ya sea por el propio Deutsche Bank o por diversos medios de comunicación— como implicadas en presuntos casos de corrupción relacionados con el programa gubernamental de distribución de alimentos en Venezuela.
Al ser consultado sobre estos hallazgos, el Deutsche Bank explicó que el «Project Cali» consistió en «una revisión histórica que dio lugar a medidas correctivas específicas y a una reevaluación más amplia de los riesgos de delitos financieros en toda la cartera de banca corresponsal del banco». Asimismo, añadió: «Las decisiones relativas a la notificación de actividades sospechosas están sujetas a requisitos legales y de confidencialidad específicos de cada jurisdicción; por tanto, no podemos hacer comentarios sobre informes, transacciones, entidades o contrapartes en particular».

